El escándalo financiero que envuelve a Frigorífico General Pico se profundizó en las últimas semanas con la irrupción de la Justicia penal en sus instalaciones de Trenel, La Pampa, donde se secuestró un importante volumen de documentación societaria. Este allanamiento forma parte de una investigación más amplia que busca establecer si la administración anterior incurrió en delitos de administración fraudulenta y balance falso, en perjuicio de los acreedores y proveedores de la empresa cárnica. El detonante de la pesquisa fue el hallazgo, dentro del expediente concursal, de una transferencia anómala por aproximadamente $16.500 millones hacia LDL, una firma equina controlada por los Lowenstein, quienes también manejaban los hilos del frigorífico.
Durante el operativo judicial, los efectivos levantaron libros contables, registros de transferencias y actas de directorio que podrían acreditar que los recursos fueron desviados de manera intencional en un contexto de asfixia económica. Según las fuentes consultadas, la compañía necesitaba imperiosamente esos fondos para sostener la producción, cumplir con los plazos de pago a los ganaderos y evitar la cesación de pagos. Sin embargo, el dinero terminó engrosando las arcas de LDL, un negocio completamente ajeno al giro principal del frigorífico, lo que agravó la situación financiera y precipitó la presentación en concurso preventivo.
El testimonio de varios exempleados y directivos ya fue incorporado a la causa, y se espera que el análisis pericial de la documentación secuestrada permita reconstruir la cronología de los desvíos. La justicia busca determinar si hubo un dolo directo por parte de los Lowenstein para perjudicar a la masa de acreedores, especialmente considerando que catorce días después de transferir su paquete accionario, Alan Lowenstein solicitó su propio concurso preventivo personal, en una maniobra que los investigadores califican de altamente sospechosa.
